El decreto habilita al gobierno nacional a negociar con el Fondo Monetario Internacional un plan de Facilidades Extendidas que contempla el refinanciamiento de los pagos previstos para los próximos cuatro años.
El Gobierno justifica esta medida como “un paso necesario para fortalecer las reservas internacionales del BCRA”, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad financiera. Sin embargo, el DNU omite el monto total del financiamiento, la tasa de interés aplicable, las condiciones asociadas y las metas macroeconómicas que serán monitoreadas por el FMI.
